Estado de Alarma: ¿Qué debe esperar el proletariado?

( Suplemento-Covid-19 N° 2, Mayo de 2020, al «El proletario»; N° 19 )

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Desde la declaración el pasado 24 de marzo del Estado de Alarma, se han sucedido tres prórrogas del mismo (7 de abril, 22 de abril y 7 de mayo), aprobadas todas ellas con la participación del Partido Popular y diferentes grupos de la minoría nacionalista en el Parlamento (ERC, PNV, etc.) Durante este mes y medio, el gobierno PSOE-Podemos ha podido ejercer sus funciones alegando la situación excepcional aparecida en el contexto de la pandemia Covid 19.

El Estado de Alarma es una prerrogativa legal que se refleja en el artículo 116 de la Constitución, el cual a su vez pertenece al Título V De las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales. De acuerdo a este, el gobierno puede suspender los vínculos normales entre sí mismo y el Parlamento y el Senado para gobernar en todo el país o en una parte del mismo sin atender a los límites legales que la Constitución impone. Es, de hecho, una ley de unidad nacional, que restringe por un lado las funciones de los partidos políticos que participan en las Cortes y limita las libertades recogidas en la Ley general del Estado. Como tal no tiene un desarrollo específico en la Constitución, donde sólo se recoge los términos legales de su aprobación, y sus características específicas se encuentran en la Ley Orgánica 4 de 1981 de los estados de alarma, excepción y sitio. Como es característico en la Constitución española, que es un texto básico en el sentido más amplio del término, es decir, que pese a contar con una extensión más que notable, deja a regulaciones posteriores el desarrollo de buena parte de sus artículos más delicados, el Estado de Alarma simplemente fue legalizado en 1978 y no fue hasta unos meses después del golpe de estado del 23-F que se impuso su concreción. De por sí forma parte de la tríada de «excepciones a la Constitución» a la que se añaden el Estado de Excepción y el de Sitio, todos ellos formulados para responder a situaciones excepcionales en las que las relaciones normales entre Cortes y Gobierno no se podrían mantener porque dificultarían la gestión de los asuntos del Estado.

El Estado de Alarma ya se proclamó una vez en España. Fue en 2010 y se debió a la llamada «crisis» de los controladores aéreos, es decir, a la huelga salvaje que en diciembre de ese año llevaron los controladores y que acabó con el cierre del espacio aéreo español. Entonces, con esta medida, el gobierno tomó el control de los aeropuertos nacionales utilizando al ejército para ello, encausó penalmente a los huelguistas y restableció el orden en un momento crítico para la industria turística nacional como era el inmediatamente previo a las vacaciones de Navidad. Más allá del hecho concreto, el gobierno del PSOE, con Zapatero entonces a la cabeza, lanzó una advertencia al conjunto de los proletarios del país, en un momento en el que la crisis capitalista mundial destruía puestos de trabajo, bajaba salarios y, en general, deterioraba las condiciones de vida de la clase trabajadora a un ritmo de vértigo: el Estado actuaría con toda la dureza posible para reprimir cualquier tipo de respuesta obrera ante esta situación. Fue el gobierno del Partido Popular quien, posteriormente, mostró las consecuencias de esta advertencia imponiendo las leyes represivas más duras de la democracia con el fin de combatir los pequeños brotes de lucha proletaria que aparecieron en respuesta a sus medidas económicas y sociales.

Y es que el Estado de Alarma tiene un fin muy claro: dar plenos poderes al gobierno en situaciones que, realmente, no constituyen ningún peligro si no es para la paz social. Es decir, no regula la respuesta estatal ante una guerra, ante el ataque de alguna potencia extranjera, etc. Regula situaciones en las que la paz social puede verse afectada por algún acontecimiento imprevisto. De acuerdo a la ley orgánica antes nombrada y según su artículo cuarto, el Estado de Alarma se puede imponer en las siguientes situaciones:

a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.

d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Como se ve, de todas estas situaciones, sólo dos tienen un sentido real. Porque en catástrofes o calamidades, tales como el terremoto de Lorca en 2011, el naufragio del Prestige en 2002, los incendios en Galicia durante toda la década de los 2000, etc. precisamente cuando eran necesarios esfuerzos excepcionales para paliar los efectos de estas, simplemente se intervino con gabinetes ministeriales de crisis que no requirieron el Estado de Alarma. Respecto a los problemas de desabastecimiento basta recordar el lockout de las empresas de transporte en 2008, en la que llegaron a cerrar como consecuencia del desabastecimiento las principales fábricas del automóvil (las mismas a las que se ha protegido durante este Estado de Alarma por encima de cualquier consideración sanitaria).

Por lo tanto, el sentido del Estado de Alarma no es proporcionar respuestas rápidas y firmes a problemas puntuales, sino gobernar el país en medio de una crisis social tal y como la que ha causado la pandemia Covid-19. ¿Se extrañan e indignan quienes critican su prolongación? ¡Si prácticamente parece diseñado para prolongarse indefinidamente!

Vemos ahora cuáles son las prerrogativas gubernamentales que, además de suspender parcialmente el papel de las Cortes, otorga el Estado de Alarma. De acuerdo al artículo noveno de la ley 4/1981, el Estado de Alarma permite otorgar al gobierno el mando único en los aspectos necesarios para solventar la crisis social, pasando por encima de los gobiernos autonómicos y locales y poniendo a su disposición a todo el personal empleado en el sector público. De acuerdo al artículo décimo, se permite la imposición de sanciones a quienes violen las disposiciones del Estado de Alarma (lo que en este caso ha sido la sanción a casi un millón de personas por salir de sus casas sin permiso). Pero lo esencial,  en el artículo undécimo se afirma:

«Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:

a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.

d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo cuarto.»

La cuestión es evidente: ¿cómo podrían estas medidas ayudar a combatir la pandemia? El punto a), que restringe el movimiento y es el que ha dado lugar al confinamiento parcial de la población (no se olvide que una buena parte de los proletarios que han conservado sus empleos han continuado trabajando en sus puestos habituales) es el que se ha esgrimido como excusa. Pero a estas alturas, con casi 30.000 fallecidos y un cuarto de millón de infectados reconocidos, parece que las restricciones al movimiento, en comparación con otros como Bélgica o Alemania donde han sido más suaves e impuestas por vía administrativa, no han tenido una función profiláctica muy clara. En este sentido, las limitaciones al movimiento, que perdurarán durante mucho tiempo, han tenido otra función: han vaciado las calles, han dado carta blanca a militares y policías para hacerse con el control, han recluido a la población en sus casas y, con ello, han permitido al Estado actuar sin cortapisas. Se ha tratado de una verdadera medida de control social que ha abierto el paso al resto de las que se han tomado en este periodo así como ha permitido la contención de la tensión social en uno de los momentos más críticos de la historia reciente.

Un 20% de parados, millones de trabajadores en ERTEs, un súbito descenso de los salarios, confinamiento de población en situación de pobreza extrema… ¿Cómo se evita que esta situación desencadene un estallido social? Por la vía del Estado de Alarma. Cuando, al comienzo de la crisis, los proletarios de diferentes fábricas participaron en paros espontáneos contra la falta de medidas de higiene y protección, mostraban la capacidad que tiene la clase proletaria de responder ante situaciones que ponen en riesgo las vidas de los propios trabajadores. Es a la extensión de esa pandemia a lo que la burguesía teme de verdad. Ella era plenamente consciente de que las medidas de prevención, que implicaban paralizar parcialmente la economía y hacer pagar a los proletarios el coste de esta medida, sólo podían imponerse anulando cualquier posibilidad de reacción por parte de estos. Para muestra, un botón: el número de trabajadores afectados por un ERTE era, a comienzos de abril (8 días después del comienzo del Estado de Alarma), de 1,84 millones. Como se sabe, los ERTEs corren a cargo del Estado, que paga el 75% del salario. Es decir, casi 2 millones de trabajadores han pagado un «impuesto especial Covid 21» sobre su salario del 25% de este. Imposible pensar en una medida similar sin un férreo control social que impida a los proletarios incluso hablar entre sí.

 

La llegada al gobierno del bloque PSOE-Podemos, después de dos anticipos electorales y un largo periodo de incertidumbre, significó hace pocos meses una salida parcial e inestable a la crisis abierta entre la burguesía por los efectos políticos y sociales del cataclismo económico de los años 2008-2014. Con esta salida se permitió un refuerzo del oportunismo de corte pequeño burgués al tradicional bipartidismo nacional, toda vez que en el lado de la derecha se había asistido también a la ruptura de la entente que representaba el Partido Popular. Este «bloque progresista» ha tenido que tomar, en el plazo de pocos meses, las medidas sociales y económicas más draconianas desde los Pactos de la Moncloa de 1977 (y no es casualidad que desde este bloque se haya hecho un llamamiento a reeditarlos precisamente ahora). Para ello se ha valido de una suspensión «temporal» de buena parte de los condicionantes constitucionales, legislando por encima de estos tal y como se hizo en el periodo de la Transición, cuando se dio un interregno entre las leyes de la dictadura y las posteriores de la democracia para mantener a salvo el Estado. Pero, además, esta tarea la ha llevado a cabo agitando los viejos mitos de la unidad nacional de los que el oportunismo político y sindical siempre ha sido la gran salvaguardia, algo que difícilmente podría haber llevado a cabo cualquier partido de la derecha. Especialmente ha recurrido a dos argumentos. El primero ha sido la identificación de la pandemia con medidas excepcionales y el supuesto carácter «social» de las mismas. El segundo ha sido la vieja consigna del antifascismo. Respecto al primero, la propaganda ha girado en torno a la defensa del Estado de Alarma como única trinchera desde la cual salvar a la población y se ha vinculado el mismo a las medidas de «rescate social» que se pretende haber impuesto. Para ello se ha recabado el apoyo de médicos, epidemiólogos, economistas, etc. que defienden que sólo mediante las medidas excepcionales que se han tomado podía salvarse a la población de la pandemia. Y este apoyo se ha utilizado para cargar, desde la supuesta objetividad científica, contra cualquier oposición al Estado de Alarma. Lo cierto es que el confinamiento ha sido la última medida que era posible tomar antes de que la Covid 19 segase las vidas de decenas de miles de personas y este es un modo de proceder característico del sistema capitalista: ninguna prevención, ninguna medida de protección previa a la catástrofe, pese a que esta se veía venir al menos desde finales del año pasado. El capitalismo vive de la destrucción y la reconstrucción, que es de donde saca sus mayores beneficios. Lo hace con las crisis, lo hace con las guerras, lo hace con la muerte de la población… y esta manera de proceder está tan grabada en su ADN que es incapaz de proceder de otra manera. El confinamiento, pese a lo que hoy dicen todos los voceros del Estado, era evitable si, a la menor señal de alarma, se hubiesen tomado medidas de contención básicas, reforzando mucho antes el sistema sanitario, anulando los focos de contagio, etc. Pero no se hizo. Los negocios mandan… y construir hospitales como el de IFEMA mientras los otros se caen a cachos parece un negocio de primer orden. Argumentar que el Estado de Alarma es una garantía para los trabajadores, una vez que el paro va a aumentar al 20% de la población activa en el plazo de un año, que los salarios se han reducido drásticamente y que se estima un incremento de la mortalidad de un 30% durante este periodo sólo parece un mal chiste: las medidas tomadas por el gobierno PSOE-Podemos han ido encaminadas a salvar la economía nacional a costa de la vida de los proletarios.

Respecto al segundo de los argumentos, el de la consigna antifascista, basada en llamar a la unidad nacional, la responsabilidad cívica, la obediencia a las autoridades, es característico de una fuerza social, la del oportunismo, que basa su capacidad de actuar en su influencia entre los proletarios. Llama a estos a salvar la nación contra el enemigo fascista o derechista imponiéndole los sacrificios necesarios para ello mientras argumenta que son imprescindibles para defender la democracia y a un Estado colocado supuestamente por encima de las clases sociales y que sería la única herramienta para que los trabajadores no queden abandonados a su suerte. De nuevo las medias anti proletarias que ha tomado el gobierno ponen en evidencia el verdadero objetivo de esta estrategia, mientras vemos a todas las corrientes de extrema izquierda defender el propio Estado de Alarma como una ventaja para la clase trabajadora. Toda la fuerza del oportunismo político y sindical se ha concentrado en este punto, obligando a los proletarios a permanecer en sus puestos de trabajo mientras no había medidas de protección sanitaria, a aceptar los despidos y los ERTEs para salvar los beneficios empresariales, a tragar con el confinamiento mientras sus condiciones de vida se veían drásticamente empeoradas… En última instancia, toda la fuerza del Estado burgués, que era necesaria para controlar socialmente a la clase proletaria, ha sido dirigida por las corrientes oportunistas bien pertrechadas en el gobierno, los comités de empresa, etc. demostrando que constituyen la barrera de protección más importante para la clase burguesa.

 

Como marxistas, despreciamos tanto los argumentos que pretenden que el Estado burgués pueda ser la salvación de los proletarios afectados por las consecuencias que tiene el modo de producción capitalista sobre su salud e incluso sobre su propia vida, como esos otros argumentos que afirman que la libertad, la responsabilidad individual o el derecho a decidir por uno mismo, sean valores eternos que salvaguardar contra un Estado intervencionista. En la actual crisis son precisamente las clases pequeño burguesas más duramente afectadas por esta las que enarbolan la bandera del individuo frente al Estado. Aquellos cuyos negocios han sido clausurados por razones de salubridad y que con ello están abocados a la ruina empresarial y personal en muchos casos. O aquellos que han visto truncadas sus expectativas laborales como técnicos de la burguesía en el marco de la empresa. Todos representan a clases sociales condenadas a la ruina que emergen en los periodos de prosperidad y que son aplastadas durante las crisis, momento en el cual escupen toda su bilis sobre el individuo, la moral, la libertad… reforzando su propia alternativa política ante la clase proletaria, influyéndola en nombre de un supuesto interés común contra «la casta», «las oligarquías», «la plutocracia», etc.

Estas clases sociales, que hoy se lanzan contra el gobierno PSOE-Podemos como si este encarnase la destrucción del mundo tal y como lo han conocido hasta ahora, como si detrás de este gobierno no estuviese tanto el propio Estado burgués en el que siempre han confiado (y, en muchos casos, del que siempre han vivido) y el mismo capital nacional al que ellas pretenden representar, hablan abiertamente de anteponer el negocio a la vida humana, de evitar la ruina económica del país a costa de dejar morir a unas cuantas miles de personas más. Pero su propia impotencia económica y social las condena a la impotencia política. Su crisis particular reforzará, eso sí, la crisis de gobernabilidad que la clase burguesa arrastra desde hace años. Sumarán un factor de desorden más que, a su vez, fortalecerá las tendencias centrífugas que operan sobre el gran pacto social de 1978. Y en la medida en que el oportunismo tipo Podemos refuerce continuamente las medidas tomadas por la burguesía española para contener la crisis social, estas clases pequeño burguesas podrán aumentar su influencia entre los proletarios. En la medida en que los partidos del bloque progresista y de izquierdas, así como sus agentes sindicales y sociales, luchen por imponer una «nueva normalidad» completamente dañina para los proletarios, las consignas de esos estratos sociales putrefactos podrán tener una audiencia mucho mayor.

La clase proletaria no puede esperar un retorno al pasado. Después de la crisis de los años 2008-2013, las corrientes políticas tipo Podemos, las Mareas, las candidaturas de Unidad Popular, etc. mantuvieron la consigna de que con su llegada al poder se podría romper el pacto social de 1978 que «las élites» firmaron y mantuvieron. Llegaron al poder. Primero en los Ayuntamientos y luego en el Gobierno del país. La situación actual muestra, y sobre todo mostrará en un futuro, que estas corrientes únicamente trabajan para apuntalar el poder de la burguesía sobre todos los aspectos de la vida política, económica y social a través del refuerzo de la confianza en la democracia y el Estado.

El panorama que se le va a presentar a la clase proletaria en los próximos años será muy oscuro. La crisis social no sólo le afecta a ella, el resto de clases sociales, tanto la burguesa que desde hace unos años presenta grietas en el bloque monolítico que conformó a la muerte de Franco, como lapequeño burguesa que también siente sobre sí la crisis económica, le transmiten una tensión que tiene como fin arrastrarla hacia sus distintos proyectos. La influencia de estas clases, como siempre, será completamente perniciosa para ella porque la dirigirá a defender intereses que no sólo no son los suyos sino que irán contra ellos. Pero esta influencia no se producirá espontáneamente, no vendrá de la nada. Los próximos tiempos traerán tanta presión sobre los proletarios que se darán estallidos de cólera, con una extensión más o menos amplia según las circunstancias. Estos estallidos mostrarán, al menos, que la clase proletaria existe, que tiene una fuerza social decisiva, que puede levantarse en defensa exclusiva de sus intereses de clase. Será sobre ellos que el resto de clases sociales intenten influir, poniendo en marcha espantajos como la unidad nacional, el bien común, la libertad o el individuo frente al Estado. Pero también será sobre estos estallidos que podrán destacarse sectores avanzados de la clase, capaces de recoger con su experiencia la historia de lucha del proletariado, capaces de experimentar la necesidad de defender la lucha intransigente de su clase ligada a sus jalones históricos. Capaces, en fin, de reanudar el hilo del tiempo que, a través del Partido Comunista, internacional e internacionalista,  vincula a los proletarios con un pasado glorioso y con un futuro lleno de incertidumbre pero en el cual puede entreverse el triunfo.

Como marxistas revolucionarios no anhelamos la llegada de este momento… tenemos la certeza de que lo hará.

 

 

Partido comunista internacional

www.pcint.org

 

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