«Revolución chavista» y represión policial

(Suplemento N° 4 de «El programa comunista» N° 46 ; Noviembre de 2006)

Volver sumarios

 

Los voceros oficiales del Estado afirman que las torturas y asesinatos políticos “no volverán”, que al mismo delincuente común se le tratará con “humanismo”, que no habrá represión como antes. Que “a diferencia de sus épocas anteriores, hoy se ejerce sin coerción alguna en el país el derecho a manifestar públicamente en favor de las reivindicaciones colectivas”.

Sin embargo, luego del golpe de Estado fallido -y desde siempre- la policía no ha dejado de guardar celosamente sus archivos, las relaciones con la policía internacional siguen intactas, las extradiciones de jefes izquierdistas (guerrilleros de ETA, FARC) ha seguido su curso normal.

Igual, la persecución y represión políticas continúan su labor también a nivel nacional: han habido denuncias reiteradas de los ataques y amenazas del Estado contra los proletarios y sus dirigentes en los barrios, en las fábricas y en los sindicatos.

Y una muestra que, en Venezuela, la burguesía es la clase con un Estado en su poder, y cuyas leyes reprimen y criminalizan la lucha de clase, nos la da el órgano de los anarquistas venezolanos «El Libertario» (n° 48, agosto de 2006), donde aparece una denuncia de las nuevas leyes votadas por la Asamblea Nacional (la misma que los proletarios se prestan a aceptar cuando vayan a votar...):

 “En marzo del 2005 la Asamblea Nacional (AN) realizó una reforma parcial del Código Penal, que incorporó artículos que criminalizan algunas modalidades de protesta, recientemente utilizadas por “la oposición”, pero históricamente usadas por los sectores populares. En el artículo 357 se establece que los cierres de calle serán castigados con penas de prisión de 4 a 8 años. El número 506, por su parte, castiga con multas de hasta 100 unidades tributarias (UT) (3.360.000 Bs) a quienes realicen cacerolazos, aumentándose a 200 UT si es reincidencia. Si el escrache es cometido contra algún alto funcionario estatal los arrestos van de 3 a 4 meses. Otro de los artículos penaliza a los ocupantes ilegales con prisión entre 5 y 10 años. Actualmente se encuentra en discusión una nueva reforma, que aspira modificar 64 artículos aprobada en primera discusión en la AN. En uno de ellos, el artículo 9 sección II, se propone cárcel entre 16 a 18 años para quien “ejecute una actividad tendiente a interrumpir el correcto desempeño o la normal actividad de una, o varias, de las empresas básicas o estratégicas del Estado”. La aprobación definitiva de este artículo significa la eliminación de hecho del derecho a huelga”.

Han habido mineros masacrados por el ejército, o de humildes pescadores que, protestando su condición, han sido vejados, reprimidos y acusados de “agitadores políticos, anárquicos e incendiarios”, justificando en general que detrás de los descontentos se encuentra la “mano pelúa” de la oposición o de la CIA, o la “ultra-izquierda” manipulada por esta.

En un artículo publicado por  Leonardo Arantes y César Neto, bajo el título elocuente de “Venezuela: contradicción entre Estado capitalista y proyecto revolucionario”/ “Revolución no rima con represión”,  podemos leer las declaraciones de Stalin Borges, dirigente trotskysta de la UNT (Unión Nacional de Trabajadores, central oficialista), quien afirmaba : “Lo más inquietante es que los detenidos sean los campesinos, cuando resulta que aquí ha habido campesinos asesinados por el sicariato ganadero-latifundista-paramilitar y no hay detenidos por esos hechos; lo que quiere decir que tres fuerzas de seguridad del Estado son capaces de coordinarse en una operación conjunta contra luchadores sociales revolucionarios, como son estos campesinos, que pelean para aplicar la Ley de Tierras, pero esas mismas fuerzas son ineficaces para garantizarles sus derechos, para someter a los terrófagos a la Constitución y a la Ley de Tierras y para impedir los crímenes de los asesinos contrarrevolucionarios que exterminan a líderes agrarios” (C.f. www.aporrea.org, 28.05.06).

El artículo termina constatando que “[la] Guardia Nacional y [el] Ejército [están] al servicio de los capitalistas: Las informaciones que damos son incuestionables. Son públicas, están en los periódicos y noticieros televisivos, de la izquierda y la derecha. (...) Resta sólo comprender que esos aparatos del Estado cumplen el papel de reprimir a las organizaciones de trabajadores, campesinas y populares y la vez no actúan frente al sicariato, incluso cuando se tiene el nombre y apellido de los autores intelectuales y denunciados por graduados funcionarios del gobierno”.

Se ha acusado de “rebelión militar” a militantes izquierdistas afectos al chavismo, pero, que no están convencidos de las vías democráticas hacia el socialismo, tal fue el caso de Eglis Vielma Molina. Mucha gente ha sido perseguida, o simplemente asesinada por “ajustes de cuentas” como el militante revolucionario marxista Douglas Principal, o el dirigente chavista Giandomenico Puliti, o los cientos de dirigentes campesinos asesinados por sicarios, enconmendados por terratenientes, pero siempre gracias a la complicidad objetiva de la policía nacional que ha cerrado la investigación de la mayoría de estos asesinatos.

 Los proletarios deben convencerse que estas negligencias no son fortuitas ni gratuitas, ya que en general este clima de violencia no afecta el libre desenvolvimiento de la economía y los negocios de los burgueses.

Con la fingida incapacidad para resolver la propia violencia estructural del sistema capitalista, e incluso la de perseguir a los asesinos de sus propios dirigentes, y un aparato policial estatal dirigido sin duda a reprimir el potencial o futuro descontento político y social, en ello la Administración Chávez sigue vías similares a las tomadas por el gobierno de Allende hace treinta años, que persiguió e incluso llegó a asesinar a militantes del MIR chileno. Los mismos asesinatos por “ajuste de cuentas” que, en Venezuela, dado el grado persistente de pobreza y miseria, y el grado de corrupción de los mismos agentes policiales (1), muestran que no hay ninguna decisión radical para disminuir este flagelo social, ya que la misma le sirve para crear una atmósfera de amedrentamiento y desorganización permanentes en los barrios proletarios, susceptibles en todo momento de salir a la calle y exigir lo que el gobierno, con tanta alharaca y demagogia, promete constantemente resolver. Sumidos a partir de las 6 de la tarde en un “toque de queda” virtual ¿qué pueden avanzar? ¿En qué revolución pueden estar pensando?

En pocas palabras, este gobierno no dejará de hacer en materia represiva lo que otros gobiernos anteriores, desde la Primera República burguesa, han hecho contra los proletarios o esclavos asalariados.  La dominación de clase no descansa sino en la dominación por la violencia, sea esta potencial o cinética: nada nuevo bajo el sol...

 


 

(1) Según las estadísticas sólo durante el período de Chávez en el poder, han habido 60 mil asesinatos y ¡en 2 de 3 de esos asesinatos se encuentran implicadas las mismas fuerzas policiales!

 

  

Partido comunista internacional

www.pcint.org

 

Volver sumarios

Volver catálogo de las publicaciones

Top