( Suplemento Venezuela  N° 17 de «El programa comunista» N° 49 ; Junio de 2012 )

Era un secreto a voces que después de la reforma del sistema financiero y de la subida de impuestos, el Partido Popular llevaba en su nada secreto programa la realización de una reforma laboral que, por lo menos, colocase la regulación del mercado de trabajo en España en un punto admisible para las necesidades de la burguesía, es decir, que limase las puntas más estridentes de  los restos de las garantías laborales que iban quedando y que, a su vez, diese un paso más en el progresivo abandono del Estado de su papel de mediador legal en todos y cada uno de los posibles casos que contempla el derecho laboral. Esta medida recién tomada no es tan escandalosa como desde el mismo gobierno de Rajoy se ha pretendido hacer ver con el fin de sumir cada vez más al conjunto del país en el clima de emergencia bajo cuyos auspicios gobernará la burguesía en los próximos años, ni tampoco es definitiva como para ser la última que en los próximos tiempos contribuirá a agravar sistemáticamente las condiciones de existencia del proletariado: la nueva reforma laboral constituye, sobre todo, un marco legal que permitirá a partir de ahora a los empresarios (tanto a los empresarios privados como al gran empresario público que es el Estado) imponer sin demasiadas trabas sus necesidades sobre los intereses de sus trabajadores según dicten las circunstancias, sin necesidad de pasar por unos trámites jurídico legales que la situación de urgencia por la que pasan los negocios vuelve cada vez más pesados y costosos.

Esta reforma laboral no es producto del capricho de un determinado partido político, ni siquiera si se entendiese como capricho la voluntad de aceptar sumisamente los dictámenes que puedan venir de tal o cual instancia política o financiera (los mercados o Europa, según prime en cada caso el exaltar la vertiente reformista o aquella nacionalista). El Partido Popular no gobierna en España debido a una elección realizada por los electores realizada en base a la preferencia por su programa en detrimento del que tenía el PSOE, de hecho los resultados electorales muestran claramente como simplemente se ha producido un ajuste en las cantidades relativas de votos para cada partido en el marco de un descenso más que considerable del voto en términos absolutos. El Partido Popular gobierna como ariete de la burguesía española e internacional, que hoy necesitan a un gobierno fuerte al frente del país para imponer todas las medidas anti proletarias que precisa para intentar remontar la situación de crisis económica por la que pasa o, al menos, para anticiparse a la situación que sus vecinos ya comienzan a vivir y hacer los preparativos para resistir un trance de esas magnitudes (con todo lo que conlleva de estallido social, ingobernabilidad en todos los aspectos del país, etc.) No se trata, por tanto, de que con esta reforma laboral se haya impuesto una concepción más «dura» de lo que debe ser el camino hacia la recuperación económica en detrimento de otra más «social» que pondría el peso en el bienestar de los trabajadores como palanca de la remontada (como la extrema izquierda parlamentaria en toda Europa propone, con políticas de demanda y medidas proteccionistas que hiciesen recuperarse al PNB por la vía de un aumento estatalmente inducido de la producción) sino de que esta reforma laboral constituye el marco necesario para la burguesía para comenzar a llevar a cabo los ajustes que necesita para intentar recuperar la tasa de beneficio que tan bruscamente ha caído en los últimos cuatro años y que debe pesar, sin duda, sobre las espaldas de los proletarios, cuyas condiciones de existencia se sacrificarán ya no en el plano legal de la reforma sino empresa a empresa, barrio a barrio, para lograr restablecer la rentabilidad en el ciclo del valor.

La legislación laboral, en forma de convenios colectivos, derecho del trabajo en general, adscripción de los sindicatos a la toma de decisiones en el marco de la regulación estatal… es la herencia directa que recibe la democracia del fascismo en el terreno del enfrentamiento entre clases. Aquél combinó la lucha directa y abierta contra la vanguardia revolucionaria del proletariado, a la que exterminó en su gran mayoría con la complicidad de la contra revolución estalinista en todo el mundo, con la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera mediante la designación por vía estatal de una parte de los beneficios que la burguesía obtenía de la extorsión de plusvalía del proletariado para mejoras sociales. La derrota de los regímenes fascistas no liquidó esta tendencia a convertir al Estado en un garante de la paz social que aparecería situado como por encima de las clases sociales y que legislaría y ejercería su fuerza sólo para imponer el bien común, el interés nacional, etc. por encima de intereses corporativos, «egoístas» de tal o cual sector de la población.

Es más, el ciclo económico alcista que comienza con la reconstrucción post bélica de la práctica totalidad de Europa (que había sido arrasada por los contendientes imperialistas precisamente para acabar con la crisis de sobreproducción de capital que azotaba al mundo) permite más que nunca incluir al proletariado en el llamado interés nacional mediante una densa red de amortiguadores sociales que le garantizaban un determinado bienestar a cambio de la explotación sufrida, mediante la participacíon de los sindicatos amarillos (tricolores los llamó entonces nuestro partido puesto que abandonaban su color rojo clasista para aceptar aquellos que conformaban las banderas nacionales de países como Italia o Francia) en la gestión legal de la fuerza de trabajo y, por último, mediante la promulgación de todo un Derecho del Trabajo (que en España pasa del Fuero del Trabajo al Estatuto de los Trabajadores y de los juzgados laborales a los juzgados sociales sin apenas variaciones considerables) que debía instituir unos límites comúnmente aceptados por toda la burguesía para la explotación de los trabajadores en virtud de la fórmula «ceder todos un poco para no perderlo todo». Éste ha sido el escenario general en el que el proletariado europeo y americano ha existido durante décadas. Mientras la bonanza económica  permitió financiar el edificio de conciliación social una serie de características únicamente coyunturales y debidas al imparable ascenso de la tasa de beneficios pasaron como perennes e inalterables cimentando la base para que los teóricos burgueses de todo cuño hablasen del fin de las clases sociales, de la posibilidad del progreso ilimitado en el seno del mismo capitalismo…

Las crisis económicas que cíclicamente, desde 1974 hasta 1988 han golpeado a la mayoría de los países imperialistas occidentales sólo lograron desgastar este sistema de amortiguadores sociales, pero aún quedaban reservas suficientes tras tres décadas de crecimiento ininterrumpido como para mantener el sistema de colaboración de clases sobre las bases materiales de un bienestar relativo otorgado al proletariado. Las luchas proletarias que desde ese momento hasta años después se dieron en todos los países tampoco lograron sobrepasar el grado incipiente de la espontaneidad en los mejores casos, permaneciendo siempre prisioneras del oportunismo político y sindical que impidió, en última instancia, que la lucha de clase generalizada volviese a escena después de décadas de ausencia.

Hoy la crisis económica, considerablemente mayor que la vivida en la década de los años ´70-´80, no ha dejado indemne a ninguno de los países centrales del capitalismo, pero tampoco a la mayoría de los considerados países emergentes. Y en todas partes donde ha golpeado las primeras consecuencias han sido las mismas: un esfuerzo denodado por parte de la burguesía por recuperar la tasa de beneficio que ha caído estrepitosamente en muy poco tiempo, por recuperar el ritmo normal de los negocios.  Es en este sentido que hay que entender todas las medidas anti obreras llevadas a cabo por las burguesías europea y española. Las reformas que ya comenzó a poner en marcha el PSOE (disminución del salario de los trabajadores del sector público, rebaja de la indemnización por despido…) han tenido ahora su continuidad con la reforma laboral puesta en marcha por el PP. El objetivo es, precisamente, el de minar el sistema legal de intervención en el mercado de trabajo, prescindiendo de todo el esfuerzo (el carísimo esfuerzo) que el Estado realizaba en nombre de los intereses generales de la burguesía por mantener en un límite las relaciones laborales, dejando éstas, ahora, al único arbitrio de la relación de fuerzas existente entre proletarios y burgueses. La rebaja de la indemnización por despido de 45 a 33 días, el cese de la ultra actividad de los convenios, la posibilidad del descuelgue de estos o la legalización de las bajadas de salario por productividad y de los EREs por descenso de actividad, son medidas encaminadas precisamente a desregular el mercado de trabajo, es decir, a liquidar los márgenes de actuación que la burguesía como clase había fijado a todos los empresarios para que se mantuvieran en lo que a relaciones laborales se refiere, dentro de ellos. No es, por tanto, una gran ofensiva de la clase burguesa contra los trabajadores, es el comienzo que posibilita esa ofensiva. Lo peor está aún por venir.

Los sindicatos llaman…a la paciencia

El paso de una situación más o menos mantenida, con sus altibajos, desde el fin de la II Guerra Mundial en toda Europa y América del Norte (si bien en España el régimen franquista marcó un ritmo ligeramente diferente) en la que el mercado de trabajo contaba con unos amortiguadores automáticos que servían para mantener mínimamente por encima de la miseria las condiciones de existencia de los proletarios a otra en la que el elevado coste de estos amortiguadores hace que una burguesía duramente golpeada por la crisis deba prescindir de ellos para dominar la situación y gobernar sobre el proletariado supone una ruptura del equilibrio social que se había mantenido más o menos estable durante décadas. Uno de los factores de esa estabilidad han sido, durante todo este tiempo, los sindicatos dominados por la política oportunista de la colaboración entre clases a favor del interés nacional. Ellos han constituido los agentes de contención de la lucha de clase a la vez que hacían de mediadores contractuales entre los proletarios y los burgueses. Pero, al igual que la paz social no se mantenía sobre la mera voluntad o sobre el fin teleológico de la lucha de clases sino sobre la base del mínimo bienestar concedido a los trabajadores derivado del excedente de beneficio obtenido durante décadas, la función del oportunismo sindical (como del político) se levantaba sobre los cimientos del mismo bienestar, del cual éste aparecía como garante y gestor atando con ello a los proletarios a su política de contención social.

A medida que el progreso económico que pareció en su momento  incontenible se iba frenando las luchas proletarias fueron reapareciendo y los sindicatos amarillos fueron poniendo en práctica cada vez más frecuentemente su labor de sabotaje abierto y declarado contra la organización proletaria y contra los combates de clase que apenas comenzaban a bosquejarse. En España la labor conjunta del sabotaje sindical, la fuerza de la ilusión democrática y la más dura represión cuando nada de esto funcionaba, liquidaron el ciclo de luchas que comienza con el estallido de la crisis económica mundial. Desde entonces hasta hoy, durante un largo periodo jalonado por luchas de considerable envergadura pero que acabaron todas sometidas a las necesidades de la economía nacional y, en muchas ocasiones simultáneamente, liquidadas por la fuerza, los sindicatos oficiales han ejercido cada vez más un papel de meros gestores de la fuerza de trabajo, legitimados por todo el entramado legal e ideológico de la democracia, y han ido dejando de lado la tarea de mediadores contractuales, para la cual solían emplear al menos la fuerza simbólica de la movilización. Esta fuerza, que siempre fue el último recurso a utilizar sólo cuando la presión obrera desde la base se ha hecho insostenible, es dejada de lado progresivamente a medida que esa presión va desapareciendo.

Pero el empobrecimiento progresivo de la clase proletaria, bruscamente acelerado ahora con la crisis capitalista actual lleva inevitablemente a la perspectiva de la lucha de clase. Así sucede ya en Grecia y así ha podido preverse en la misma España con la agitación social creciente a lo largo del último año, por mucho que se haya expresado por la vía de la agitación interclasista y pequeño burguesa en la mayoría de las ocasiones. La base material de la colaboración entre clases tiende a desaparecer, ya no se trata de lograr o perder tal o cual cosa mediante esa colaboración, se trata de que la clase burguesa no puede colaborar más. Y los sindicatos amarillos que han ejercido el papel de mediadores en esa colaboración ven minado el suelo que pisan. Por eso Toxo, el secretario general de CC.OO. afirmaba tras conocer oficialmente el contenido de la última reforma laboral que ésta supone suprimir el marco del derecho laboral. Porque la estructura jurídica de la que dependían desaparece a marchas forzadas.

Como decíamos más arriba esta desregulación del mercado de trabajo deja las condiciones laborales al único  arbitrio de la relación de fuerzas entre empresarios y trabajadores; relación de fuerza en realidad siempre protegida y defendida por el Estado burgués que demuestra así estar al servicio únicamente de los intereses del capital, acabando con el mito de su presunta neutralidad. Esta situación, de hecho, clarifica completamente la situación de los proletarios en el régimen capitalista: mano de obra a explotar cuando resulta rentable, escoria a despreciar cuando la situación económica resulta desfavorable. Es más, clarifica cuál es la única alternativa que tienen los proletarios si quieren escapar de un destino tan oscuro como el que les promete la burguesía: organizarse para luchar abiertamente contra todas las medidas anti obreras que se imponen. Pero la fuerza del oportunismo sindical y político, de los sindicatos amarillos grandes y pequeños, trabaja en sentido contrario a esta clarificación y a cualquier reacción hacia la lucha. Si durante décadas su trabajo ha sido amoldar a los proletarios al marco de relaciones laborales establecidas en el sistema democrático, haciendo aceptar las condiciones derivadas de la reconversión industrial, las distintas reformas laborales, etc. ahora que la situación tiende bruscamente hacia un desequilibrio social su esfuerzo como aliados de la burguesía, va a ir dirigido a mantener aún la confianza en que la situación pueda resolverse favorablemente para los proletarios por la vía legal, por la recuperación de los derechos perdidos mediante tal o cual enmienda a la ley… en una palabra: propagando nuevamente la confianza en que los mecanismos democráticos y la legislación burguesa son las únicas herramientas de las que dispone el proletariado para defender sus intereses.

Huelga sí, huelga no… huelga tarde, mal y nunca.

Dentro de esta dinámica democrática, legalista, pacífica y conciliadora con la que el sindicalismo amarillo quiere continuar haciendo aceptar a los proletarios el interés superior de la nación frente a sus necesidades más apremiantes, la huelga general aparece como un punto de negociación entre el gobierno y las cúpulas de los principales sindicatos. O se negocia, o huelga general. Pero negociar, se negocia siempre. Y la huelga general, convertida en un acto televisado e inofensivo, es parte de esa negociación. Se recurre a ella cuando la situación resulta insostenible, pero no entre Estado y sindicatos sino entre sindicatos y proletarios, cuando estos comienzan a sentir la inoperancia de estos y de los métodos interclasistas que promueven.

El objetivo básico de una huelga obrera consiste en dañar los beneficios de la empresa deteniendo la producción. En ese sentido la huelga es un arte, debe ser utilizada por los proletarios cuando disponen de fuerzas para mantenerla hasta que realmente el patrón se encuentre obligado a ceder puesto que el daño económico que sufre es mayor que el que padecería si cede a las reivindicaciones que le son planteadas. La huelga llevada a cabo con medios y métodos de clase, por objetivos que responden a la defensa exclusiva de los intereses proletarios, es un acto de fuerza proletaria que se opone a los sistemáticos actos de fuerza de la clase dominante burguesa con los cuales la burguesía mantiene a la clase proletaria sometida y esclava de los intereses capitalistas. La legislación del derecho de huelga, que forma parte del entramado del derecho laboral del que más arriba se hablaba, es la negación de la fuerza ésta. El preaviso permite al patrón hacerse con los stocks necesarios como para resistir al paro laboral, los servicios mínimos incluso garantizan que este no sea total y que se cubran las necesidades básicas… del patrón. 

Una huelga general que responde al llamado de los sindicatos amarillos (de CCOO y UGT al más pequeño de los llamados alternativos) supone la inutilización de hecho de la huelga. Constituye, de hecho, un acto nacional de expresión cívica de confianza en la democracia, la legalidad burguesa y la supeditación de los intereses de la clase proletaria a las necesidades de la nación.  Convertida en un plebiscito (tantos trabajadores la han hecho, la reforma esta mal, tantos no la han hecho, la reforma está bien) pierde su carácter de acto de fuerza, por tanto violento y fuera de la legalidad burguesa y consigue únicamente desmovilizar a los proletarios demostrando que el arma de combate por excelencia del que dispone la clase obrera no sirve para nada.

La dirección oportunista y amarilla de las huelgas lleva a éstas al fracaso más estrepitoso. Para luchar, los proletarios deben recurrir a los medios y a los métodos de clase. Aquellos que rompen con la conciliación interclasista y afirman violentamente los intereses proletarios por encima de cualquier otro, con independencia de las necesidades de la economía nacional y de la empresa. Mediante la organización sistemática de la lucha, con previsión de la represión que indudablemente la burguesía ejerce y ejercerá contra los proletarios, con la generalización de los piquetes que garanticen el paro de la producción, sin preavisos ni servicios mínimos sino eligiendo el momento más conveniente para comenzar la lucha… Rompiendo, en resumen, con las fuerzas del colaboracionismo y el oportunismo para imponer las vías que la lucha requiere.

La difícil reanudación de la lucha de clase

El futuro del proletariado es duro. La burguesía le garantiza ya hoy y sin paños calientes un camino de miseria y humillación, en el que la misma supervivencia física de los obreros se va a ver puesta en dificultades. En los próximos tiempos todo el sistema de amortiguadores sociales que «redistribuían» entre los proletarios una pizca de la plusvalía que les era extorsionada en forma de garantías, derechos, etc. va a desaparecer para la mayoría de los estratos proletarios y con ella la relativa estabilidad en que había vivido durante decenios.

La dirección amarilla de los sindicatos, que se encuentra perfectamente integrada en el sistema de dominio burgués, va a luchar por reconducir el empuje material a la lucha que inevitablemente va a sacudir al cuerpo social del proletariado, hacia el dique seco de la confianza en la democracia, la colaboración entre clases y el legalismo, exactamente como lo ha hecho hasta ahora. Y es sobre este terreno, sobre el combate contra las fuerzas aliadas a la burguesía que el proletariado encontrará entre sus filas, que deberá ir extrayendo su experiencia de lucha, que deberá ir destilando las lecciones que le permitan avanzar y fortalecerse como clase para sí y no ya únicamente para el capital.

Pero precisamente esas lecciones le mostrarán que el empeoramiento constante de sus condiciones de existencia es una consecuencia no de tal o cual manera de gestionar la economía capitalista, sino de esta misma economía capitalista. Que por tanto su empobrecimiento es un requisito sine qua non de la pervivencia del régimen burgués que se levanta sobre el aumento constante de la explotación proletaria y que por ello no puede ser combatido sobre el terreno económico únicamente.

Mediante la lucha el proletariado se constituye en clase y por tanto en partido político. Porque la principal lucha que el proletariado deberá afrontar para liquidar el sistema de explotación y miseria del que hoy es la parte más dañada, es la lucha política contra la burguesía entendida como clase y no como uno u otro patrón individual y esa lucha política  requiere de un partido, comunista, internacional e interna-cionalista, que exprese la continuidad histórica del programa marxista que desde hace más de ciento cincuenta años, es la ciencia de la lucha del proletariado por su emancipación. Toda la experiencia histórica del proletariado se sintetiza en esta necesidad. Y a ella debe volver, por un camino de durísimas experiencias jalonado sin duda por terribles derrotas, si quiere conquistar un día, para él y para las generaciones venideras, la condición ya no de esclavo del capital, de apéndice de la máquina cuyo único sentido es lubrificarla con su muerte, sino de miembro de esa comunidad humana mundial que representa el comunismo del mañana.

Partido comunista internacional

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