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Prises de position - Prese di posizione - Toma de posición - Statements                


 

¿Arde Colombia?

 

 

A finales de marzo, subrayábamos la enorme tensión social que reinaba en este país (1). Ya en septiembre del año pasado, la capital Bogotá había sido sacudida por disturbios tras el asesinato de un manifestante por parte de la policía, cuya brutal detención había sido difundida en las redes sociales: la represión había dejado entonces 16 muertos y decenas de heridos por armas de fuego.

No pasó mucho tiempo para que esta tensión estallara de nuevo, para que el volcán entrara en erupción. El 28 de abril, decenas de organizaciones sociales y laborales convocaron a un paro nacional de 24 horas. El llamado fue seguido de manera abrumadora; las marchas y protestas, que tuvieron lugar a pesar de un fallo judicial que las prohibía, congregaron a decenas de miles; a veces eran pacíficos, pero más a menudo violentos. Hubo asaltos y saqueos de grandes almacenes y grandes comercios, incendios de autobuses, enfrentamientos con la policía durante largas horas, con el número habitual de heridos y detenciones. Cuando el gobierno declaró el toque de queda, durante toda la noche se oyeron “cacerolazos” en todo el país.

Las protestas y los enfrentamientos continuaron espontáneamente durante los días siguientes, y el gobierno desplegó el ejército en las ciudades el 3 de mayo. Según los informes, la represión ha dejado al menos 37 muertos y 800 heridos hasta la fecha, con la policía disparando munición real en la ciudad de Cali contra los manifestantes, así como 379 desaparecidos, según las ONG desde el 1 de mayo. Las ONG también han denunciado agresiones sexuales cometidas por la policía.

Por su parte, los dirigentes sindicales condenaron el 28/4 “el uso desproporcionado de la fuerza” (¡sic!), por parte de la policía y el Escuadrón Móvil Anti-disturbios (ESMAD), así como los actos de violencia y saqueos, afirmando que no eran obra de los manifestantes...

 

LAS RAZONES DE LA IRA

 

Lo que ha hecho estallar de ira a grandes sectores de la población es el aumento de impuestos previsto en la nueva reforma tributaria que exime casi por completo a los sectores que más se benefician de esta sociedad, incluido un puñado de prósperos grupos “oligárquicos”. En Colombia, el clan del ex presidente Uribe Vélez (acusado en la Corte Suprema por corrupción y por su papel en las masacres cometidas durante su mandato), mentor del actual mandatario, es uno de los más poderosos (2). La nueva reforma, la tercera hasta ahora desde el inicio del mandato de Duque, pomposamente llamada “ley de solidaridad duradera”, solo grava a la gran burguesía al 1% o 2%, pero golpea duramente a millones de trabajadores que, hasta ahora, estaban exentos de declarar sus magros ingresos. Entre los puntos de esta nueva reforma, se encuentra la subida del IVA, la creación de un impuesto del 20% a los servicios y productos básicos como agua, luz, recolección de basura, Gas, y hasta los «servicios funerarios» (!), etc. y que afectan a toda la población, incluida la pequeña burguesía, pero en particular a los más pobres, ya sometidos a una terrible crisis económica desde hace años.

Pero la lista de descontentos y demandas es larga, entre las que destaca la desastrosa o inexistente gestión social de la pandemia, mientras que la reforma tributaria se ha presentado como necesaria para financiar la lucha contra ella (3). Colombia es el tercer país más afectado de América Latina, después de Brasil y Argentina. Según el sitio español “La Tercera”,  “... desde el 19 de abril, el país ha reportado más de 400 muertes por día [para una población de 50 millones de habitantes, NdR]. Además, los hospitales se enfrentan a una tasa de ocupación de camas de la unidad de cuidados intensivos (UCI) superior al 80%, un aumento considerable desde el 61% registrado a principios de abril”.

El gobierno no dudó en aprovechar esta trágica situación de la cual es responsable para tratar de disuadir a los manifestantes: un portavoz del gobierno, en vísperas de las manifestaciones, amenazó con enviar a prisión a los que iban a salir a protestar, bajo la acusación infame de "poner en peligro la vida de los demás", o de hacer cumplir las reglas del "distanciamiento social" en las marchas. Pero “¡el gobierno es más peligroso que el virus!”,¡Las reformas dan más miedo!”, responderán los manifestantes al día siguiente, rechazando el “consejo” que el gobierno ha lanzado a las masas empobrecidas, sus provocaciones y su chantaje.

Sin embargo, la causa fundamental de la ira es la degradación de las condiciones sociales, incluso entre las capas pequeñoburguesas. La crisis económica ha provocado un aumento del desempleo: las últimas estadísticas publicadas arrojan una tasa de desempleo del 14% en marzo, pero esta cifra no tiene en cuenta al sector informal, el primero afectado por la pérdida de puestos de trabajo.i: ¡sin embargo, emplea a más del 66% de la población activa! Los proletarios que trabajan en el sector informal no tienen protección social en lo que respecta al desempleo, la salud, los derechos de pensión, etc., sin olvidar el respeto al salario mínimo: ¡una explotación verdaderamente bestial! No es de extrañar que la tasa de pobreza se haya elevado al 42,5% de la población y que la de "pobreza extrema" (condición que no permite satisfacer las necesidades básicas en alimentación, atención médica, etc.) se eleve a más de 15 %. El país ya había visto una huelga general y una fuerte movilización proletaria en noviembre de 2019 contra las medidas de austeridad del gobierno, antes de que fuera detenido por las medidas contra la pandemia.

Otros motivos del paro fueron las violaciones al tratado de paz entre la guerrilla Farc-Fln y el gobierno nacional del ex presidente JM Santos, suscrito en La Habana en 2016: desde entonces ha habido un saldo espantoso de más de 450 (52 desde la principios de este año) signatarios y otros activistas sociales asesinados por milicias patronales paramilitares. Hay que destacar que según la Jurisdicción especial para la paz en Colombia, durante los primeros 6 años de gobierno Uribe, el Ejército colombiano tiene en su triste haber la cifra espeluznante de 6.402 civiles asesinados.

Por todo ello, y a pesar de la pandemia, desde las 5 de la mañana del 28 de abril, una hora después del brote en todo el país, ciudades como Cali y Bogotá ya registraban fuertes protestas incluyendo bloqueos. A media mañana, el pueblo indígena Misak derrumba la estatua del conquistador  Sebastián de Belalcazar en Cali, la ciudad donde los enfrentamientos fueron los más violentos de todo el país.

En Cúcuta, la capital de Norte de Santander, las jornadas de protesta comenzaron temprano. Los manifestantes denunciaron en particular el recrudecimiento de la violencia y las matanzas en esta región fronteriza. En algunos municipios como Entrerríos y Santa Rosa de Osos, hubo manifestaciones salpicadas de discursos y conciertos de marihuana. Los manifestantes cerraron la carretera Sogamoso - Belencito para bloquear la multinacional Votorantim que opera en esta región.

Cientos de personas se reunieron en Saravena, Arauca, para iniciar las jornadas de protesta como parte del paro nacional. En el municipio de Tibú, Catatumbo, los trabajadores de Ecopetrol se han sumado al paro nacional; bloquearon las instalaciones de la empresa en tres puntos, llamando a otros trabajadores a sumarse a la movilización. Se cavaron trincheras para bloquear el tráfico en el portal de la estación de autobuses de Suba, (Bogotá); En rechazo a las políticas implementadas por el gobierno de Iván Duque durante la pandemia, vecinos del municipio de Cantagallo, al sur de Bolívar, bloquearon la alcaldía y el banco. También protestaron contra el posible regreso de la fumigación aérea de glifosato (herbicida cancerígeno) y proyectos para producir gas de esquisto por fracturación hidráulica en su territorio, etc.

Las huelgas y manifestaciones continuaron espontáneamente durante los días siguientes, hasta el punto de obligar al Comité Nacional del Paro (CNP) a convocar, en un intento por recuperar la dirección del movimiento, a una nueva jornada de movilización para el 5 de mayo, cuando no tenia previsto una nueva hasta el 19.

El éxito de la huelga y las jornadas de manifestación, a pesar de la acción dilatoria del CNP, tuvieron resultados iniciales positivos; debido a la gravedad de la situación social, el gobierno Duque anunció inicialmente que corregiría ciertos aspectos de la reforma; sectores y partidos oficialistas se asustaron como el Partido Liberal que anunció su voto en contra, mientras que otros como el Centro Democrático exigieron el retiro absoluto de la reforma. Finalmente, el 2 de mayo, el presidente dio marcha atrás, al menos temporalmente.

Pero esta marcha atrás no puso fin a la movilización: el 5 de mayo hubo numerosas manifestaciones; continuaron los días 6 y 7 e iba a ser lo mismo el día 8 siempre con bloqueos.

 

PERO FALTA LA CALDERA

 

El Partido Comunista de Bolivia, como buen demócrata burgués, en una declaración que termina con "¡patria o muerte, venceremos!", lanzó el 5 de mayo un “llamado urgente (...) a la comunidad nacional e internacional para que el gobierno desmilitarice las ciudades y brinde garantías básicas para la protesta y la movilización de la población” (4). ¿Qué es esta “comunidad” a la que se dirige este llamado, sino una ficción burguesa para camuflar las organizaciones nacionales e internacionales y las estructuras estatales de la clase dominante?

El Partido Socialista de los Trabajadores (trotskista) ha criticado con razón la acción de debilitamiento de la movilización realizada por el CNP, que busca sobre todo negociar con el gobierno el fin del movimiento. Pero no puede entender que esta actitud no se explique por la “burocracia” del CNP, sino por su colaboración de clases y su interclasismo, porque padece el mismo mal: la declaración de 3/5 de su Comité Ejecutivo plantea, como perspectiva central para “reforzar la lucha”, una “reunión nacional de emergencia” para “elegir democráticamente una nueva dirección con las organizaciones sociales y sindicales, [organizaciones] de mujeres, jóvenes, comunidades afro e indígenas” – ¡las mismas que forman parte o apoyan al CNP! Y la declaración termina con: “¡por un gobierno obrero y popular!” (5), sin especificar claramente qué significaría tal gobierno interclasista, por qué medios se instituiría y cuál sería su objetivo. Lo único que queda claro en esta verborrea confusa es que el PST es completamente ajeno a las posiciones marxistas revolucionarias y a la imperiosa necesidad de luchar por la independencia de clase del proletariado.

El CNP, que agrupa a los sindicatos, las organizaciones campesinas y estudiantiles, en definitiva organizaciones colaboracionistas y pequeñoburguesas, es de hecho por naturaleza incapaz de dar una orientación y una dirección de clase a la lucha; ya ha dado prueba de su apego a la colaboración de clases y a la defensa del capitalismo colombiano: su plataforma de protesta coloca en buena posición la “defensa de la producción nacional (agrícola, industrial, artesanal, campesina)”, ¡reivindicación burguesa por excelencia!

No es de extrañar entonces si el 7 de mayo decidió participar en el “diálogo nacional” propuesto por el gobierno para encontrar una salida a la crisis, a pesar de no pedir el fin del movimiento: tal llamado no sería atendido y el CNP obviamente espera el agotamiento de la lucha; por tanto, “negociará” con el gobierno, las organizaciones empresariales, la Iglesia, etc., su plan de emergencia que viene desarrollando desde hace varios meses y sus demandas. Pero si se trata de nuevas negociaciones con este gobierno asesino que amenaza con declarar el estado de emergencia para frenar manifestaciones, huelgas y bloqueos y acusa a los manifestantes de ser pagados por narcotraficantes, ello no podría conducir a resultados positivos para el proletariado.

En 2019 la lucha ya había sido traicionada por el CNP, que se había prestado para negociar con el gobierno: los proletarios y las masas empobrecidas vieron que era solo una mascarada que no sirvió para nada. Hoy no puede ser de otra manera: después del primer repliegue del gobierno, sólo la lucha decidida del proletariado podrá arrancar nuevas concesiones a los capitalistas y su Estado.

Esto implica la organización de la lucha sobre bases de clase y con objetivos exclusivamente de clase – y, por lo tanto, una ruptura con la práctica de colaboración de clases de las organizaciones sindicales. Implica también trabajar por la organización de clase del proletariado, desde las organizaciones para la lucha inmediata hasta la organización política indispensable para encaminar la lucha hacia la conquista revolucionaria del poder y el establecimiento de la dictadura del proletariado, etapa imprescindible para erradicar el capitalismo y allanar el camino para la sociedad comunista: el partido de clase.

Trotsky recordaba en el prefacio de su “Historia de la Revolución Rusa” que “Sin una organización dirigente, la energía de las masas se disiparía, como se disipa el vapor no contenido en una caldera. Pero sea como fuere, lo que impulsa el movimiento no es la caldera ni el pistón, sino el vapor ” (6). Evidentemente, la caldera en cuestión no es otro que el partido revolucionario que no genera vapor, no crea situaciones revolucionarias, sino que las dirige. Los proletarios y las masas explotadas de Colombia dan a sus hermanos de clase en otros países el ejemplo de su combatividad (el “vapor”), pero también el ejemplo de la traición de esta combatividad en el callejón sin salida de las “negociaciones” con representantes de la clase gobernante. Los activistas y las vanguardias que emergen y saldrán de los enfrentamientos de clases en Colombia y otros lugares, enfrentamientos que hoy preocupan a las clases dominantes, no solo en América Latina, tendrán que aprender la lección: esta lección es la necesidad irrefutable del trabajo de reconstituir el partido de clase internacionalista e internacional, en unión con los proletarios revolucionarios de otros países, sobre la base del auténtico programa comunista que sintetiza las lecciones de las pasadas batallas de clases, permitiendo trazar una orientación sólida para las batallas que se avecinan.

Este resultado no se puede obtener de la noche a la mañana, pero es la única perspectiva no ilusoria de la emancipación proletaria.

  


 

(1) cf. “¡Contra las amenazas de guerra entre Venezuela y Colombia, solidaridad y lucha de clase internacional de los proletarios!”, 29/3/21

(2) Uribe, quien también es presidente del partido de gobierno, dijo el 30/4 en respuesta a las protestas contra el uso de armas de fuego contra manifestantes: ¡Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes...!

(3) Un instituto europeo de estudios geoestratégicos descubrió que Bogotá había gastado – ¡solo para el año 2020! – $ 9.100 millones para la renovación de su equipamiento aeronáutico y militar: comprar armas es más importante para la burguesía que salvar la vida de los proletarios, los más afectados por la pandemia.

(4) https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/tolima/14952-militarizada-colombia-el-paro-nacional-sigue

(5) https://litci.org/es/65703-2/

(6) https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1932/histrev/tomo1/prologo.htm

 

 

Partido Comunista Internacional (El Proletario)

8 de mayo de 2021

www.pcint.org

 

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