Crisis del Coronavirus. La burguesía llama a la unidad nacional. Los proletarios pagan la cuenta

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Después de cinco semanas desde el decreto del Estado de Alarma por pate del gobierno de PSOE-Podemos, los proletarios pueden sacar una lección muy clara sobre el curso de la “lucha contra la pandemia”: todas las medidas tomadas, desde el confinamiento de toda la población hasta la reanudación de la producción sin condiciones de seguridad para los trabajadores pasando por la presión policial y militar en la calle, están dirigidas a obligarles a aceptar sin rechistar las exigencias de la clase burguesa.

En un primer momento, cuando los datos proporcionados por el sistema sanitario indicaban que los contagios aumentaban en España mucho más rápido de lo que se había previsto las medidas de prevención se negaron sistemáticamente a los proletarios en el puesto de trabajo. En todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, los patrones se negaron sistemáticamente a aplicar medidas profilácticas mínimas, contraviniendo incluso las indicaciones de los propios médicos. En ese momento, el gobierno todavía repetía una y otra vez que el Coronavirus era “una gripe fuerte”, es decir, que no era necesario imponer medidas especiales. Cuando, a los pocos días, la realidad mostraba un contagio masivo provocado sobre todo por el tránsito al puesto de trabajo, por la utilización del transporte público, etc. la respuesta de gobierno y patronal consistió en negar que fuese necesario dar Equipos de Protección Individual a los trabajadores: en cualquier situación la burguesía trata de minimizar los costes, ya sean estos salariales o sanitarios y siempre lo hace a costa de la salud y la propia vida de los proletarios.

En un segundo momento, cuando la extensión de los contagios por todo el país ya había vuelto evidente que era imposible contener el virus, la respuesta de gobierno y patronal fue evitar a cualquier precio que la actividad económica del país se paralizase. Se instó a las empresas a facilitar el “teletrabajo”, una medida a la cual prácticamente sólo se pueden acoger los cuadros medios de las empresas y no los obreros que debían presentarse en el puesto de trabajo. Se diseñó un sistema de “trabajos esenciales” entre los cuales, a excepción de los vinculados al pequeño comercio, estaban básicamente todos aquellos que agrupaban a cierta cantidad de proletarios: automoción, metal, construcción, servicios de limpieza, alimentación… ¡incluso los repartidores de comida a domicilio! etc. Mientras se imponía el confinamiento a la población mediante el Estado de Alarma, se obligaba a los trabajadores a acudir a su puesto de trabajo, es decir, mientras la policía y el ejército tomaban la calle se imponía el trabajo obligatorio.

Después… el cierre “total” de la economía nacional. La industria en su totalidad, la construcción y el comercio debieron parar durante dos semanas para evitar que las unidades de cuidados intensivos del sistema de salud se colapsasen. Una medida que llegó tarde, que se ha cobrado el retraso en forma de centenares de muertos… ¡y que se derogó apenas quince días después sin que la epidemia haya remitido!

Mientras todo esto sucedía, más de tres millones de proletarios han sido obligados a acogerse a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que implican una reducción del 75% del salario que se percibía y que pueden transformarse en despidos definitivos al cabo de seis meses, ya que el Ministerio de Trabajo ocupado por Podemos ha modificado la ley para abrir esta posibilidad. Además, centenares de miles de despidos llevados a cabo en los primeros días del Estado de Alarma, no renovación de contratos, etc. Como consecuencia de esto, los propios economistas burgueses prevén que el desempleo pueda alcanzar al 20% de la población activa en los próximos meses, una situación que nunca se había vivido.

Por otro lado, mientras la burguesía imponía estas medidas para proteger sus negocios, el Estado impuso un durísimo Estado de Alarma que implica que la población que no deba ir a trabajar no puede moverse de su domicilio si no es para ir a satisfacer las necesidades más básicas. En virtud de este Estado de Alarma, que algunos juristas han criticado por inconstitucional, se ha impuesto el control policial absoluto sobre la calle hasta el punto que, a mediados del mes de abril, se han puesto más de medio millón de multas por violar el confinamiento… algo que puede significar simplemente salir a comprar dos veces al día o contestar mal a un policía cuando exige al documentación. Según estos cálculos, aproximadamente el 2% de la población (excluyendo ancianos y niños) ha sido sancionada de alguna manera durante estas últimas semanas.

La receta aplicada por la burguesía y su gobierno está clara: en el puesto de trabajo presión para que no se pare la actividad, para aquellos empleos que no son “imprescindibles” despidos y ERTEs y, en la calle, represión policial indiscriminada para imponer un régimen de terror. Un verdadero experimento social que, desde la declaración de la pandemia, ha mostrado la verdadera fuerza de la burguesía y su Estado para imponer sus exigencias apoyándose en la presión continua sobre los proletarios en su puesto de trabajo, su barrio e incluso su propio domicilio.

El objetivo de estas medidas, de acuerdo a los voceros de la burguesía, era evitar que el sistema sanitario se colapsase convirtiendo una enfermedad relativamente poco mortal en una catástrofe debida a la falta de los medios necesarios para curar a los pacientes. De esto también debe extraerse una dura lección acerca de la naturaleza asesina del capitalismo: desde que los primeros casos de Coronavirus fuesen reportados por China en diciembre era evidente que el virus podía extenderse por el resto del mundo, dados los fortísimos vínculos productivos y comerciales que unen al país asiático con todos los países, que tienen en él una parte esencial de su inversión productiva y a un cliente de primer orden. Sin embargo, no se tomó ninguna medida de prevención. Todas las órdenes que ahora repiten los medios de comunicación sin cesar, tales como la “distancia social”, la higiene en el puesto de trabajo y en casa, etc. podían haberse tomado ya en enero de este año… pero el miedo a una reacción adversa por parte de la población unido a la nula capacidad de la burguesía para garantizar medidas de salubridad (que siempre cuentan como un coste en su sistema productivo) mínimas propiciaron la extensión de la pandemia y la falta de adecuación del sistema sanitario de todos los países cuando esta llamó a sus puertas.

Es más, las medidas de prevención que finalmente se tomaron no han evitado el colapso del sistema sanitario. Si este colapso no se ha producido es porque se ha forzado a buena parte de los contagiados a pasar la enfermedad en su casa y sin la atención médica necesaria. Miles de personas con síntomas han visto cómo se les negaba la entrada en los hospitales, donde sólo se ha atendido a pacientes con neumonías críticas ignorando otras posibles reacciones al virus. Y decenas de miles de ancianos han sido abandonados a su suerte en las residencias donde han sido confinados a la fuerza, impidiendo que los servicios sanitarios se hiciesen cargo de ellos y forzando así la muerte de miles de ellos. Las medidas de contención han tenido una buena parte de cálculo para señalar a qué parte de los enfermos se podía dejar morir: el “aplanamiento de la curva” se ha logrado permitiendo la muerte de la población considerada prescindible.

Si la burguesía ha gestionado esta crisis de la única manera que puede hacerlo, es decir, dejando caer el peso de la recuperación económica futura sobre las espaldas de los proletarios, permitiendo la muerte de miles de personas a las que no resultaba económico salvar, obligando a los propios obreros a ejercer como agentes de contagio en sus puestos de trabajo, maltratando al personal sanitario al que se ha engañado primero y ninguneado después, en el terreno de la propaganda también ha hecho lo único que puede: llamara a la clase proletaria, que supone la mayoría de la población, a hacerse cargo del esfuerzo necesario, a apoyar las medidas antiproletarias que, una tras otra, se han ido imponiendo, a ceder su salario, a renunciar al trabajo, a pasar hambre en las regiones más deprimidas del país… en nombre de la solidaridad nacional, del “esfuerzo común”, de la unidad del país. Anima a aplaudir a los policías que mantiene en la calle para reprimir a la población, a aceptar con resignación la supresión de las libertades que se consideraban intocables, a prestarse voluntario para el desarrollo de medidas de control tecnológico… La lucha contra el coronavirus se ha planteado como una guerra… y efectivamente se han tomado medidas propias de un Estado de Guerra contra la población.

La clase proletaria debe aprender esta dura lección. La burguesía no sólo no es capaz de garantizar la salud de la población, no sólo es incapaz de evitar que un virus que ella misma ha definido como una gripe se lleve la vida de miles de personas… sino que, además, resuelve la crisis social que esta situación plantea redoblando la presión que ejerce cotidianamente sobre los proletarios. A la carencia de servicios médicos capaces de garantizar la supervivencia de los estratos más vulnerables de la población la clase burguesa responde suspendiendo los derechos constitucionales, sacando al ejército a la calle para garantizar que la población no pueda moverse de sus domicilios y que, sin embargo, la vida económica del país se mantiene lo más normal posible.

La respuesta que cientos de proletarios dieron al comienzo de la crisis sanitaria, en forma de paros espontáneos, no ha sido suficiente para parar la ofensiva de la patronal y el gobierno. Esta respuesta fue rápidamente suprimida por la acción conjunta de patronal y sindicatos, que unieron sus fuerzas para evitar que se generalizase. Como sucedió en el País Vasco, donde los industriales llegaron a meter a la Policía Autonómica para que disolviese las protestas que tenían lugar en sus fábricas mientras el conjunto de los sindicatos se negaban a generalizar los paros llamando a la solidaridad al resto de proletarios. Como ha sucedido también con los riders que se manifestaron en Madrid, contraviniendo la ley para tratar de frenar el recorte en sus salarios y que fueron perseguidos por la policía nacional ante la pasividad de las organizaciones sindicales que han hecho oídos sordos ante sus exigencias. La fuerza de los proletarios, habituados durante largas décadas a la paz social, parece completamente anulada. Pero para salir de esta y del resto de crisis que vendrán, para evitar que la clase burguesa imponga sus exigencias siempre y en todo lugar, reduciendo sus condiciones de vida al nivel más bajo posible, deberá revertir esta situación, deberá volver a habituarse a luchar sin confiar con otras fuerzas que las suyas, deberá retomar su tradición de lucha clasista y enfrentarse al enemigo tanto sobre el terreno inmediato de las reivindicaciones económicas como en el general de la lucha política. Únicamente así puede mantener la esperanza de no pagar con su vida las consecuencias del infernal modo de producción capitalista.

¡Viva la lucha de los proletarios que se han enfrentado a sus patrones en defensa de sus condiciones de vida!